Los funcionarios involucrados en el supuesto robo de B/.250 mil que estaban en un apartamento en Paitilla (de Carlos Javier Micolta, señalado como testaferro del narcotraficante Pablo Rayo Montaño), durante un allanamiento, fueron sobreseidos definitivamente por el Segundo Tribunal de Justicia.
El tribunal bajo la ponencia del magistrado Joaquín Ortega resolvió la apelación presentada por la defensa de los imputados después que el Juzgado Décimosegundo de Circuito Penal declaró el sobreseimiento provisional de siete funcionarios, entre estos, un grupo de miembros de la entonces Policía Técnica Judicial (PTJ) y la Fiscalía de Drogas.
A los sindicados no les pudieron acreditar las pruebas del delito contra la administración pública en el proceso que inició en el 2006, investigado por la Fiscalía Tercera Anticorrupción.
Entre los funcionarios que fueron investigados se encuentran: la ex secretaria judicial de la Fiscalía de Drogas, Azucena Aizprúa Chavarría, y los detectives de la División de Narcóticos de la ex PTJ y de la Policía Nacional, Germán Umaña, Gilberto Torrero, Julio César Alonso, Gustavo Ortega, Rigoberto Obando y Máximo Navarro.
En su declaración, Micolta aseguró que el dinero provenía de la venta de una embarcación en la que actuaba como administrador, el cual estaba-según él-en el apartamento allanado.
A Micolta y a sus hermanos se les relacionó con Rayo Montaño por ser las personas que manejaron los fondos del narcotraficante.
