Los mecanismos de consulta, indemnización y reubicación implementados con los moradores afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chan-75 no cumplieron con disposiciones internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, revela un informe del Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas.
En su Informe Especial sobre el tema, el Ombudsman informó que los procesos utilizados debieron promover y lograr, desde un principio, un consentimiento previo de las partes y no generar el clima de tensión que hay entre las comunidades, la empresa y el Estado.
Según el Defensor del Pueblo, "resulta imperante que el Estado evalúe y analice los actos u omisiones de las instituciones correspondientes de manera que se subsanen los procedimientos utilizados y no se repitan hechos similares en proyectos futuros".
