Panamá vive un terremoto político. Las revelaciones del convicto colombiano David Murcia sobre el ingreso de dinero caliente en la campaña electoral y las descalificaciones que se hacen adversarios acusándose de "narcocandidatos" crean un ambiente enrarecido.
Ya hay quienes sugieren tras bastidores hasta la suspensión de los comicios, bajo el argumento de que los tentáculos de la mafia han penetrado la campaña electoral.
Un episodio algo similar se registró en 1989, cuando el régimen militar anuló las elecciones de ese año, luego que paramilitares oficialistas atacaron a varillazos y balas a la nómina que entonces encabezó Guillermo Endara, cuando recorrían la ciudad exigiendo el reconocimiento de su triunfo en esos comicios.
Esa alternativa sin duda sería rechazada por un gran sector de la población, que lo interpretaría como una salida del oficialismo frente a una eventual derrota el 3 de mayo próximo.
Lo que procede es que la justicia cumpla su papel. No puede ser que el Ministerio Público pretenda que las evidencias le caigan del cielo; el sistema democrático descansa en gran medida en la justicia y si ésta no funciona, se pierde credibilidad.
La nación camina en senderos peligrosos y las autoridades deben entenderlo así. La opción es que se esclarezca todo este escándalo y determinar qué es verdad y qué es mentira, para determinar las responsabilidades o los sobreseimientos que correspondan. Intentar tapar todo con el paso del tiempo, sólo sería como meter la basura bajo la alfombra.