Desde su concepción en 1996, la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor ha sido un ente cojo, manco, tuerto y -peor aún- lento.
Los fines para los cuales fue creado nunca fueron logrados a cabalidad, y los consumidores que acudieron en su ayuda, terminaban en muchas ocasiones quejas con dolores de cabeza adicionales, causados por la ineficiencia de la institución para resolver los más elementales casos.
Diez años más tarde, el gobierno ha tomado una decisión que -si bien es cierto no llena el 100% de las recomendaciones hechas por agrupaciones de defensa del consumidor- es un avance significativo que pedían a gritos los panameños.
Las modificaciones a la ley 29 de 1996 introducen disposiciones novedosas para la legislación comercial vigente, como la asesoría legal gratuita provista por el Estado, audiencias orales rápidas y normas sobre publicidad engañosa, que hasta ahora eran inexistentes en el país.
Según Alejandro Ferrer, Ministro de Comercio, estas modificaciones que transforman la CLICAC en una Autoridad de Defensa del Consumidor y la Competencia, el texto debe ser publicado en Gaceta Oficial en un mes.
Para el gobierno, el verdadero reto de hacer valer las nuevas normas sobre defensa del consumidor y competencia radicará en realizar la inversión necesaria en personal e infraestructura, ya que figuras como la asesoría legal gratuita requerirán del nombramiento de gran cantidad de abogados que puedan defender a la avalancha de denunciantes y quejosos.
Organizaciones como la UNCUREPA han advertido que lo importante no sólo es modificar la CLICAC para darle el poder coercitivo que le ha faltado, sino nombrar a funcionarios que hagan valer las nuevas disposiciones, y con la vocación y responsabilidad que el pueblo exige.