Todos los sectores de la sociedad panameña están conscientes de la caótica situación que está viviendo la Caja de Seguro Social en todos sus Programas, principalmente en los de Enfermedad y Maternidad, Riesgos Profesionales e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que están destinados a perecer en dos, siete y ocho años, en su orden, debido a la insuficiencia de ingresos y al agotamiento de sus reservas, por lo que urge adoptar las medidas necesarias para su sostenibilidad financiera, de tal manera, que pueda seguir prestando los servicios de seguridad social a la población asegurada.
El programa del IVM, es el más severamente castigado, por cuanto tiene un déficit actuarial que ya supera los cuatro billones de dólares, y de no aplicarse los controles de inmediato, no sólo no habrá cómo pagar más pensiones y jubilaciones, sino que una grave crisis financiera se cernerá sobre el país, por lo que el Estado irremisiblemente tendrá que solventar la insolvencia financiera de la Caja. Vale señalar que hace varios años, la OIT había establecido el déficit actuarial de las pensiones vigentes a diciembre de 1997, en más de dos m il millones de dólares, pero como siempre, hemos dejado que el problema se agrave, a tal punto que perderemos "hacha, calabaza y miel", si en un plazo perentorio no se hacen los ajustes pertinentes.
En primer lugar, debe quedar claro, y esto muchos lo callan, por razones de orden político, que los beneficios que presta el Seguro Social solamente deben ser para los asegurados cotizantes. Los beneficiarios deben recibir atención médica hospitalaria completa y de calidad por el Estado, porque para eso pagamos impuestos. Los impuestos que paga el contribuyente, son precisamente para recibir del Estado servicios públicos de seguridad y protección, salud, educación y facilidades viales, entre otros. Ahora bien, si la Caja sigue brindando las prestaciones médicas a los dependientes, entonces el gobierno debe reembolsarle el monto de los gastos incurridos.
Por otra parte, para la viabilidad del Programa IVM, que muestra un déficit alarmante, forzosamente hay que revisar aspectos como la edad de jubilación, número de cuotas, aporte obrero patronales y monto de las pensiones, porque lógicamente hoy no puede funcionar el sistema sobre la base solidaria de 63 años atrás, cuando la población se ha quintuplicado y es mayor la esperanza de vida, mientras que la edad de jubilación, la densidad de cuotas y los aportes de cotizaciones prácticamente son los mismos de 1941 cuando se creó la Caja, lo que indica que se está gastando más dinero en conceptos de jubilaciones.
Toda solución que se dé para resolver el grave problema financiero actuarial de la CSS, no debe afectar la condición del trabajador, a quien ya no se le pude pedir más, ni hablarle de sacrificios compartidos. No obstante, de aumentarse la edad de jubilación, no debe exceder de 63 años en los hombres; en cuanto a las mujeres, si bien es cierto que sus expectativas de vida son mayores que la de los hombres, no es justo por razones obvias, que se equipare sus términos de jubilación al del hombre.