Luego de tres días de disturbios, violencia, zozobra, incertidumbre, heridos y un muerto, tanto el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), como el gobierno nacional, la policía y el Ministerio de Gobierno y Justicia deben abandonar sus discursos guerreristas y enfocarse en la ventana de diálogo iniciada ayer en la Defensoría del Pueblo.
Es lo que la ciudadanía reclama, tras ese infernal miércoles en que las principales vías de la capital fueron cerradas por la fuerza, y la ciudad quedó paralizada ante la violencia callejera entre sindicalistas y antimotines.
Por la parte del gobierno, tiene que haber un reconocimiento de la responsabilidad que tiene en la escalada. La muerte de Al Iromi Smith a manos del policía "Lince" Eliseo Madrid, fue el detonante para los lamentables incidentes del 13 de febrero. Y las declaraciones recientes del Ministro de Gobierno, Daniel Delgado Diamante, de que "seguirán usando la fuerza si es necesario" nada hacen para calmar los ánimos.
Por el lado del SUNTRACS, nadie les niega que están en su derecho de exigir lo que les corresponde; pero eso sí, que sea sin desestabilizar al país entero.
Los cientos de miles de panameños que dejaron de ir a sus trabajos, los pacientes que perdieron sus citas médicas y los que sufrieron daños materiales en su propiedad no merecen ser afectados por causa de una lucha sindical. Tampoco es aceptable que el mismo día que se pactó el díalogo, se cierren las calles en horas sensitivas.
Lo dicho por el líder del SUNTRACS, Saúl Méndez, sobre que "tendrán que matarnos uno a uno", busca la confrontación, en vez de la solución al problema de la seguridad laboral en la construcción, o mejores salarios.