La Dirección Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales realizó una gira interinstitucional, con la Autoridad Nacional del Ambiente, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Vivienda donde hicieron una inspección en los 14 kilómetros de la Playa La Barqueta para determinar si las construcciones y la tenencia de tierra estaban dentro de la zona que comprende el área protegida de refugio silvestre.
Benjamín Colamarco, director nacional de Catastro, explicó que en el recorrido se verificaron linderos y tenencia de la tierra en el sector, al igual que los límites del área de protección silvestre en La Barqueta.
A pesar de los señalamientos, aseguró que no hay irregularidades en la tenencia de la tierra en este lugar, sólo existe un título de propiedad de 1919 que pertenece a la familia Araúz - Anguizola.
Este título tiene una vigencia anterior a la constitución de 1941, donde se dictó pautas con respecto a las leyes que rigen las playas y ríos.
Las autoridades llegaron a un entendimiento que procura la existencia de una amable convivencia entre la inversión turística, los ecologistas y la preservación de la fauna silvestre.
Este jueves esperan firmar un acta de acuerdo donde dejarán en claro los convenios acordados en el área de La Barqueta y observaron la necesidad de preservar la playa para las tortugas marinas.