El tramo del acceso al puente Centenario que colapsó en diciembre pasado, no será reabierto hasta dentro de 8 meses. Fue una obra que en su conjunto costó al Estado $200 millones, por lo que mereció una mejor inspección por parte del Ministerio de Obras Públicas, cuando se construía.
Ahora en vez de un relleno, se colocan pilotes para hacer una extensión del puente a una mayor profundidad para sortear en parte las aguas subterráneas, algo que debió ser previsto cuando se hicieron los estudios del proyecto.
Sin duda que las dos autopistas y el puente constituyen un alivio al pesado tráfico hacia el interior del país, pero sobre todo en el sector Oeste, donde en distritos como Arraiján y La Chorrera hay un extraordinario crecimiento de población.
Cuando el Estado contemple macroproyectos debería buscar la asesoría de gremios como la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), para asegurar un adecuado diseño y construcción por parte de los contratistas seleccionados.
Así mismo, el MOP debería ejercer con mayor celo sus labores de inspección. Antes el MOP era un departamento y construía carreteras, ahora es un Ministerio que asigna todos los proyectos al sector privado, por lo que al menos debería cumplir de manera efectiva su rol de fiscalizador.
Lo sucedido debe también servir de experiencia para elevar el nivel de las especificaciones cuando se construyen carreteras, porque las lluvias extraordinarias que se dieron en diciembre pasado, pueden ser cosas cotidianas, debido al cambio climático que afecta hoy día al planeta.
Esas medidas deberán adoptarse hacia el futuro, mientras los residentes del Oeste y el interior deberán armarse de paciencia frente a las limitaciones en el uso del puente Centenario y el congestionamiento en el puente de las Américas.