El proyecto de consultas populares debe ser objeto de mayor análisis y no someterlo al límite de la aprobación en un período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional de Diputados.
Se debe explicar mejor el objetivo de realizar un referéndum para preguntarle determinados temas a la población sin saber si serán o no vinculantes y luego -dependiendo si éstos requieren reformas constitucionales- tener que realizar nuevamente otro referéndum.
Cada referéndum tiene un costo estimado de 8 millones de balboas. Panamá no es un país que nada en riquezas, para estar gastando a cada momento sumas cuantiosas en ese tipo de ejercicios.
Ese tipo de consultas populares se pueden realizar hasta de manera informal con otros mecanismos de la llamada democracia participativa, como se han hecho tradicionalmente y si surgen temas que requieran reformas a la Carta Magna, para eso la propia Constitución establece los mecanismos para adoptarlos a través de sus artículos 313 y 314.
Lo menos que requiere el país ahora que está logrando grado de inversión, es introducir elementos que provoquen efervescencia política anticipada. El gobierno debe concentrarse en ejecutar los proyectos que tiene contemplado y no introducir elementos polémicos en el escenario nacional.
Ya un propio diputado oficialista advirtió el peligro que generó en Honduras ese tema de las consultas, que a la postre llevó al golpe de Estado contra el mandatario Manuel Zelaya, porque en la insistencia de ejecutar una de esas consultas se entró en contradicción con los otros poderes del Estado y el resultado ya es harto conocido y todavía los catrachos pagan las consecuencias de eso.