En caso de que el Consejo de Gabinete determine que un proyecto es de interés social, la empresa que desarrollaría la obra estaría exenta de realizar el estudio de impacto ambiental, todo esto luego de reformar la ley de ANAM.
"Si una empresa dice que necesita represar el Río Tuira, para generar nuevas fuentes de energía, simplemente el Gabinete lo libera de presentar el respectivo estudio de impacto ambiental, sin medir posibles embalses que afecten a comunidades cercanas".
