La Corte Suprema declinó a la esfera circuital una demanda interpuesta contra el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, y Carlos Barés, director de la Policía Nacional, interpuesta ante el Ministerio Público por los abogados Silvio Guerra, Ricardo Santos e Irving Maxwell, entre otros.
La acción penal guardaba relación con los acontecimientos del 11 de septiembre de 2003, cuando agentes antimotines de la Policía Nacional ingresaron al Edificio Bolívar de modo violento, rompieron vidrieras y detuvieron alrededor de 59 personas.
El día 23 de septiembre de 2003, agentes del orden denominados antimotines, colocaron gruesas cadenas en la salida y entrada principal de la Universidad de Panamá, impidiendo de esta manera la salida de los que allí se encontraban.
Concluyen que "en la acción (...), se destruyeron bienes públicos sin ser legitimada bajo el concepto de fuerza patrocinada por la Ley panameña".
