El dinero robado podría financiar nuevos atentados y por ello, los países deben tener como objetivo detener el flujo exigiendo que los bancos identifiquen a clientes sospechosos e informen detalles sobre sus cuentas. Algunos terroristas lavan el dinero y lo depositan en "paraísos fiscales".
Los bancos que no contemplen las nuevas medidas pueden sufrir sanciones como la prohibición de abrir sucursales en países sospechosos de manejar fondos del terrorismo.
