El presidente de la Asamblea, Pedro Miguel González, y el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, firmaron ayer el acta de defunción legal de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
El pleno legislativo aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley que crea la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Servicio de Criminalística y Ciencias Forenses (SEC), bajo las órdenes de la Policía Nacional y el Ministerio Público, respectivamente. La votación registró 45 votos a favor y 7 en contra.
La DIJ será una unidad especializada de investigación judicial y cuerpo auxiliar del Órgano Judicial. El proyecto aprobado establece que los jefes, comisionados y subcomisionados de la DIJ están obligados a rendir un informe mensual a la procuradora de la Nación de las investigaciones en trámite.
Durante el debate se dispuso crear un periodo de transición que no exceda los 60 días. La DIJ reemplaza lo que hasta ayer se conoció como PTJ y Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP).
La procuradora Ana Matilde Gómez ratificó sus objeciones al proyecto de ley aprobado por el Órgano Legislativo, pero dijo que acatará la ley y trabajará de la mano con los agentes de la DIJ.
Otra de las funciones delegadas a la DIJ es el levantamiento de un Archivo de Identificación Personal o Récord Policivo que podrá emitirse en solicitudes de empleos vinculados a bancos, transporte aéreo y de colegial, guardia de seguridad, manejo de explosivos, niñeras, educadores y oficios domésticos.
Durante el periodo de transición, el Ministerio de Economía y Finanzas realizará las evaluaciones presupuestarias y traspaso de bienes, edificios y manejo de planilla de la DIJ y el SEC.
REACCIONES
El dirigente político Ricardo Martinelli calificó lo aprobado como un "madrugonazo navideño". Explicó que con la aprobación de esta Ley, el Ejecutivo tendrá el poder de perseguir a todos sus adversarios, ya que la Policía Nacional tendrá la facultad de investigar judicialmente y hacer pesquisas contra civiles y políticos.
Martinelli lamentó que la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se haya quedado sola en la lucha contra la desarticulación de la PTJ.