Ante el Código de Ética aprobado en Consejo de Gabinete que prohíbe que funcionarios reciban regalos, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, abogó para que empresas y sociedades con participación accionaria estatal mayoritaria adopten acciones similares.
El ombudsman planteó la necesidad de normar éticamente en lo referente al conflicto de intereses, prohibiendo a las funcionarios dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar y prestar servicios remunerados a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado.
Además de la Defensoría existe otras instancias que poseen Código de Etica como la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), La Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), el Tribunal Electoral, la Alcaldía de Panamá, el Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Ente Regulador de los Servicios Públicos y la Comisión Nacional de Valores.
El Código Uniforme de Etica establece que los servidores públicos deben rendir declaración jurada financiera.
