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De la Rúa hereda abultado déficit y recesión económica
Buenos Aires
EFE
Fernando De la Rúa asumirá mañana viernes la Presidencia de Argentina con la urgencia de reunir créditos por unos 18.000 millones de dólares, necesarios para pagar la deuda pública y financiar el abultado déficit del Tesoro en el año 2000. También debe remontar la cuesta de una recesión económica que hace prever una fuerte caída del Producto Interior Bruto (PIB) y retomar las negociaciones para superar los conflictos comerciales latentes con Brasil, el socio mayor de Argentina, Paraguay y Uruguay en la unión aduanera parcial Mercosur. De la Rúa, de 62 años y líder de la opositora Alianza, heredará además el conflicto desatado con Paraguay, debido a la negativa del Gobierno saliente de Carlos Menem a extraditar al asilado ex general paraguayo Lino Oviedo, acusado en su país de golpista y magnicida. Carlos Menem, de 69 años y jefe del Partido Justicialista (peronista), dejará el poder tras más de diez años, como líder de una oposición cuyo bastión es la gobernación de catorce provincias frente a las ocho gobernadas por la Alianza sobre un total de 24, dos de ellas en manos de pequeños partidos locales. Los principales colaboradores de Fernando De la Rúa pasaron las últimas semanas en arduas negociaciones contrarreloj para que los gobernadores peronistas acepten una mayor austeridad en el gasto público y los giros de fondos federales. En la madrugada del martes pasado, alcanzaron un acuerdo por el cual las provincias en conjunto recibirán el año próximo un máximo 1.350 millones de pesos (o dólares) mensuales por el reparto de impuestos federales, mientras se discute una nueva ley en esta materia. Las provincias también recibirán ayuda federal para refinanciar deudas que totalizan unos 17.000 millones de dólares, a cambio de acentuar el control de su gasto público, dentro de una política de gran austeridad. Este acuerdo permitirá aprobar un presupuesto nacional con recortes del gasto público por unos 1.000 millones de dólares respecto del que había propuesto el Gobierno de Menem al Parlamento, con el objetivo de que el déficit del Tesoro no supere el año próximo los 4.500 millones de dólares. Los cálculos privados más optimistas indican que el déficit del sector público llegará a unos 7.500 millones de dólares, frente a los 6.000 millones calculados por el gabinete de Menem y los 11.000 millones que proyectaban para el año 2000 los colaboradores de De la Rúa en caso de que no se hiciera ningún ajuste. Todos estos cálculos superan el límite pactado para este año con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de 5.100 millones de dólares, por lo que al próximo Gobierno le espera otra ronda de difíciles negociaciones. El Parlamento también comenzó a discutir una reforma fiscal que supone aumentos de los impuestos para las capas medias de la población, la base electoral de la Alianza que lidera el presidente electo. La encuestadora Graciela Romer, una de las más prestigiosas del país, advirtió de que siete de cada diez ciudadanos que votaron a De la Rúa el 24 de octubre pasado consideran que la prioridad es crear nuevas fuentes de trabajo. Fernando De la Rúa ha designado a un gabinete de ministros "para el gran cambio" en el que predominan los economistas de tendencia neoliberal, quienes estarán al frente de las carteras de Economía, Defensa, Relaciones Exteriores y Educación. Tres de estos economistas pertenecen a la Unión Cívica Radical (UCR), el partido de De la Rúa, que formó la Alianza con el centro izquierdista Frente del País Solidario (Frepaso), dos de cuyos dirigentes ocuparán las carteras de Trabajo y de Acción Social. La designación como titular de Educación de Juan Llach, quien fue viceministro de Economía del Gobierno de Menem entre 1995 y 1996, provocó agrias discusiones internas en la Alianza porel Frepaso objetó el "criterio economicista" de ese nombramiento. De la Rúa prevé estrenar su mandato con una embestida contra la corrupción que atribuye al Gobierno de Menem y un plan de obras de infraestructura con inversiones por valor de 12.400 millones de dólares, la mitad financiado con las tarifas de peajes y transporte público, a fin de crear al menos 250.000 nuevos puestos de trabajo. Ha dicho que pondrá el "caso Oviedo" en manos de la justicia para que decida si corresponde que el ex general sea extraditado a Paraguay, donde se le acusa de ser el "autor moral" del atentado que el 23 de marzo pasado costó la vida al vicepresidente paraguayo, Luis María Argaña. Sin embargo, los dirigentes de la Alianza admiten la posibilidad de que Oviedo, exiliado en Argentina desde el 29 de marzo pasado, reciba asilo en otro país alejado de la región, algo que no ha conseguido el Gobierno saliente de Menem.
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