El ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, dijo ayer que en su administración se respetaron las garantías de los políticos y periodistas, pero se negó a referirse a la ex directora de los servicios secretos, María del Pilar Hurtado, implicada en un escándalo de escuchas y asilada en este país.
"En Colombia, los políticos de oposición en mi gobierno tuvieron tanta protección como el presidente de la República", señaló Uribe en una entrevista concedida a la televisora local TVN Canal 2.
Uribe, quien gobernó dos mandatos consecutivos entre 2002 y agosto pasado, se encuentra en Panamá para dictar hoy una conferencia, en un encuentro académico privado al que también está invitado el presidente panameño, Ricardo Martinelli.
En referencia a los periodistas, el ex presidente colombiano precisó que en su país eran asesinados quince al año, estadística que se redujo a solo tres en los últimos tres años de su gobierno, en una muestra "del gran esfuerzo que se hizo por la protección de las libertades en Colombia", aseveró.
En la entrevista, Uribe se negó a referirse al caso de la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, asilada en este país centroamericano desde la semana pasada, alegando que fue "muy claro" en el comunicado dado a conocer este miércoles desde Bogotá.
En esa nota, entre otras cosas, el ex presidente colombiano admitió que comparte que algunos de sus ex funcionarios busquen asilo por cuanto en su país "no tienen garantías en la justicia".
Hurtado es uno de los cuatro ex directores del DAS, encargado de los servicios de inteligencia, que son investigados por su responsabilidad en un plan de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Uribe señaló en Panamá que la batalla librada durante su administración contra el crimen organizado fue "firme (..), con las cartas sobre la mesa, con absoluta claridad y de muchos años", y dijo que es consciente de que "los criminales buscan vengarse".
Estados Unidos, y se incautaron miles de propiedades adquiridas ilícitamente.