Nuevamente Panamá figura ante el concierto mundial de naciones como un país que protege a figuras extranjeras investigadas por delitos penales. La ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad, María del Pilar Hurtado, se suma a la lista de personas cuestionadas que lograron asilo territorial en este país.
La decisión del Gobierno de Ricardo Martinelli ha sido ampliamente cuestionada en Colombia y Panamá. Al punto que organismos de derechos humanos colombianos amenazan con demandar al país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que podría acarrearnos sanciones políticas y económicas.
Hurtado mantiene un proceso penal abierto en su país por espionaje ilegal a opositores, activistas de derechos humanos, periodistas y magistrados. Una actividad que es tipificada como delito en Colombia y en Panamá.
Y ante las críticas, el presidente Martinelli asume la postura más simple para un gobernante, anuncia que no tratará más el tema ante los medios de comunicación social. Parece no recordar que este país se rige por acuerdos y convenios internacionales que regulan el asilo territorial y que este pedazo de tierra no le pertenece únicamente a los que gobiernan.
Los asilos concedidos solo benefician a los interesados. A nadie más. Le hemos dado refugio a ex mandatarios acusados de desfalcar fondos públicos y que pasean el fruto de su ilícito por nuestras calles. En todo esto, el único perjudicado ha sido el buen nombre del país.