El Presidente de la República, Ricardo Martinelli, aseguró ayer que el asilo otorgado a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, María del Pilar Hurtado, era "una decisión soberana" del país.
Soberana podrá ser. Lo que no está es apegada a las normas internacionales, que señalan que el asilo debe concederse a perseguidos políticos, no a personas investigadas por delitos comunes. Hurtado, junto a otros ex directores del DAS, está bajo investigación de la Fiscalía General de Colombia por haber "pinchado" las llamadas telefónicas y celulares de magistrados, periodistas, políticos opositores e incluso jefes de policía en su país.
El asilo -efectuado de forma tan expedita que ni el propio presidente de Colombia se enteró hasta que fue firmado- se hace más cuestionable por el hecho de que iniciando el año, a la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, se le suspendió del cargo por supuestamente haber cometido el mismo delito que se le atribuye múltiples veces a Hurtado.
Se espera que al menos seis personas más involucradas en la investigación estén pidiendo asilo en estos días, lo que significaría que un número plural de acusados por espiar comunicaciones privadas en su país estarían bajo protección de nuestro gobierno.
Ante este panorama, los cuestionamientos y sospechas que ya varios sectores están mostrando ante esta concesión de asilo están más que justificados.