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Senado abre proceso contra Estrada con juramentos imparcialidad

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Manila
EFE

El Senado de Filipinas se constituyó ayer lunes en un tribunal para juzgar al jefe del Estado, Joseph Estrada, tras una ceremonia en la que los miembros de la Cámara Alta realizaron un juramento de imparcialidad y se llevó a cabo la apertura del proceso.

Poco después, Estrada recibió por escrito una resolución en la que se detallan los cuatro delitos que se le imputan: aceptar sobornos, corrupción, traición a la confianza del pueblo y violación de la Constitución, a la que podrá replicar en diez días laborables desde ayer, es decir, antes del 5 de diciembre.

El presidente del Senado, Aquilino Pimentel, garantizó ayer la transparencia y la neutralidad en el proceso judicial contra el presidente gracias a la presencia de cámaras de televisión que grabarán todas las sesiones.

Pimentel anunció estas medidas para evitar la manipulación que pudiera derivarse del proceso y añadió que todas las pruebas que se presenten serán analizadas desde una presunción de inocencia.

En este sentido, también el senador Raúl Rocco pidió a los medios de comunicación que se mantengan neutrales durante el juicio.

Durante la ceremonia, 21 de los 22 senadores (uno estuvo ausente) se comprometieran mediante un juramento a ser imparciales cuando tengan que anunciar su veredicto.

Aunque los 22 senadores que actuarán de jueces en el proceso contra Estrada aseguraron ayer su asistencia, el senador Robert Babers no acudió al acto al alegar que su esposa se encontraba enferma.

Otro contratiempo fue la retirada del senador Francisco Tatad de la coalición gubernamental Lapian Masang Pilipino (LAMP), lo que deja al presidente con menos aliados en la Cámara Alta.

Pese a ello, los analistas consideran que entre 15 y 16 senadores de los 22 que forman el tribunal emitirán un veredicto favorable, aunque insisten que eso no evitará que la imagen de Estrada resulte dañada y le sea difícil concluir su mandato en el 2004, tal y como planea.

En medio de estas conjeturas, los senadores realizaron hoy su juramento en una ceremonia que dio lugar a la apertura del juicio, aunque no se decidió la fecha exacta de su comienzo, que podría situarse en torno al 7 de diciembre.

Los miembros de la Cámara, vestidos con una toga, se comprometieron en voz alta a ser imparciales y a actuar en nombre de la Constitución y la ley, y después plasmaron su firma en un documento.

En otro acto celebrado en la Cámara de Representantes, o Cámara Baja, los once legisladores elegidos como fiscales del caso también juraron su lealtad a la Constitución y su imparcialidad.

Según fuentes legislativas, al menos 20 testigos declararán en el proceso, entre ellos, algunas "amantes" del presidente, calificado de "mujeriego" y "jugador" por el mismo arzobispo de Manila, el influyente cardenal Jaime Sin.

El presidente del Senado anunció ayer que el veredicto estará preparado para el mes de febrero, para así hacer frente a la campaña para las elecciones legislativas de mayo.

En declaraciones a una emisora local, el presidente Joseph Estrada dijo ayer que "aceptaré el veredicto" y añadió que "mi futuro está ahora en manos del Senado".

El jefe del Estado filipino insiste en su inocencia, mientras que las encuestas le siguen dando un alto grado de popularidad, sobre todo entre los sectores más desfavorecidos, las que le auparon al poder en las elecciones de 1997 con más de ocho millones de votos.

En una encuesta publicada ayer, el 56 por ciento de los filipinos sigue apoyando a Estrada, pese a la campaña de desprestigio lanzada por la oposición y concretamente por la vicepresidenta, Gloria Macapagal-Arroyo, quien asumiría la Presidencia en el caso de que el presidente dimitiese.

La decisión de procesar al jefe del Estado tuvo su origen en una denuncia pública de un antiguo amigo del presidente y actual gobernador provincial, Luis Singson, quien a principios de octubre le acusó de haberse embolsado millones de dólares procedentes del juego ilegal y de comisiones de una empresa.

 

 

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La decisión de procesar al jefe del Estado tuvo su origen en una denuncia pública de un antiguo amigo del presidente y actual gobernador provincial, Luis Singson, quien a principios de octubre le acusó de haberse embolsado millones de dólares procedentes del juego ilegal y de comisiones de una empresa.

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