Renuncia al caso juez que veía extradición Pinochet a Argentina

Santiago de Chile
EFE
El juez de la Corte Suprema de Chile Luis Correa Bulo renunció ayer a seguir instruyendo la solicitud de extradición de Augusto Pinochet a Argentina, según anunció el hijo del magistrado, Luis Correa Bluas. La decisión fue adoptada después de que la Corte Suprema conminara al juez Correa Bulo, presidente de la Sala de Lo Penal del alto tribunal, a abandonar la tramitación de la petición de extradición cursada el pasado 27 de octubre por el juez argentino Juan José Galeano. La solicitud de extradición se fundamenta en la presunta responsabilidad de Pinochet como autor intelectual del asesinato del ex comandante en jefe del Ejército chileno, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires en septiembre de 1974. Según trascendió en medios judiciales, el pasado viernes el pleno de la Corte Suprema solicitó al magistrado que se abstuviera de dictar resoluciones en tanto la Comisión de Etica del Poder Judicial no se pronunciara sobre las acusaciones que pesan en su contra. Correa Bulo, considerado uno de los principales impulsores del nuevo enfoque que la Justicia chilena ha dado a los juicios por violaciones a los derechos humanos, afronta desde hace varios meses una serie de acusaciones de corrupción y actuaciones irregulares por parte de parlamentarios de la oposición derechista. "Esta decisión se ve motivada por el agotamiento producto de una campaña sistemática" en contra del magistrado Luis Correa Bulo, aclaró ayer su hijo, Luis Correa Bluas, tras permanecer reunido durante más de una hora con el presidente del máximo tribunal, Hernán Alvarez, a quien entregó una carta de su padre. El hijo del juez acusó al diario "La Tercera" y a parlamentarios de derecha de socavar el prestigio de la Sala de Lo Penal y de su presidente "con el propósito más espúreo, que tiene que ver con liberar a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos". En sus primeras actuaciones en el caso, el magistrado Correa Bulo ordenó el arraigo (prohibición de abandonar el país) de Pinochet y de otros seis inculpados en el caso, entre los que figuran los generales retirados Manuel Contreras y Raúl Iturriaga Neumann. El septiembre pasado, la Cámara de Diputados de Chile rechazó por 60 votos frente a 45 una acusación constitucional contra el magistrado presentada por la derecha, quien sostiene que Correa Bulo ha recibido favores de allegados a narcotraficantes y ha influido para favorecer a parientes en algunos juicios. Según sus defensores, el juez es víctima de una campaña de desprestigio debido a sus actuaciones en los juicios por violaciones a los derechos humanos. "Lo que está pasando es extraordinariamente grave", declaró a "Radio Chilena" desde Buenos Aires la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira, quien enfatizó que "uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es la independencia con que deben actuar los jueces". "Si un ministro (juez) se ve obligado por poderes fácticos a renunciar a tramitar un proceso de extradición que involucra al general Pinochet, entonces estamos en una situación extraordinariamente grave", recalcó la abogada Pereira, quien anunció que mañana pedirá al alto tribunal una explicación transparente de lo sucedido. Los jefes de los grupos parlamentarios de la Concertación (coalición gobernante, de centro izquierda) acudirán hoy a la casa del magistrado, que se encuentra de baja por enfermedad, para expresarle su solidaridad. Los diputados Juan Bustos, del Partido Socialista; Aníbal Pérez del Partido por la Democracia, y Miguel Hernández, de la Democracia Cristiana, denunciaron una campaña de desprestigio de la derecha en contra de Correa Bulo por su decisión de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar (1973-1990). El Pleno de la Corte Suprema había autorizado el pasado día 7 a Luis Correa Bulo para que tramitara la solicitud de extradición de Pinochet y otros seis acusados más por el asesinato de Carlos Prats, que según fuentes judiciales citadas por el diario electrónico "El Mostrador", el magistrado estaba a favor de conceder.
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