Las autoridades colombianas tienen más de 2,500 horas de grabaciones telefónicas de miembros del grupo DMG que lidera el "rey de las pirámides", David Eduardo Murcia Guzmán, cuya detención y deportación fue solicitada ayer a Panamá a través de la Interpol.
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, dijo que se le pidió a la Interpol que vigile al dueño de la polémica empresa DMG para que no se escape, mientras su abogado Abelardo De La Espriella manifestó que su cliente se entregaría si le garantizan su seguridad.
Colombia también solicita la detención de Johanna Iveth León (esposa de Guzmán), Amparo Guzmán de Murcia (madre de Guzmán) y William Suárez.
Los cargos son: concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación masiva de dinero.
Según el Gobierno colombiano hay grabaciones telefónicas que vincularían a DMG con el narcotráfico. Los abogados de Murcia han negado las acusaciones y han señalado que lucharán jurídicamente hasta las últimas consecuencias para demostrar que la empresa es lícita.
En las investigaciones se analizan supuestos nexos de DMG con una casa de cambios de Panamá, aseguró en días recientes el general Óscar Naranjo.
Las autoridades colombianas han trabajado junto con la DEA en las investigaciones contra la empresa. En particular, en el seguimiento de varios giros hechos por la empresa y traslados de dinero desde Brasil a Colombia y a Panamá.
Según fuentes policiales, es posible que gente cercana a Juan Carlos Ramírez, alias 'Chupeta', haya ingresado al listado de clientes de DMG. Lo que las autoridades tratan de establecer en este caso es si los socios de la empresa sabían de los nexos de estas personas.
La Policía, incluso, no descarta que exista relación entre el flujo de dinero que manejaba la empresa con las "caletas" encontradas a 'Chupeta' en varias residencias de Cali. Al parecer, consideran los investigadores, tras el hallazgo del dinero, los recursos se hayan movido hacia DMG. DMG tenía 200,000 clientes.
Pese a las acusaciones de blanqueo que le hace la Fiscalía y el propio presidente Álvaro Uribe a la firma DMG, el empresario brasileño Alexander Ventura, quien junto con el canadiense Alexander Altshoul compró por 3 millones de dólares la franquicia de DMG para Panamá, defendió a la compañía.
La Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, señaló que se inició una investigación de oficio, ya que en Panamá el delito de captación de masiva de dinero es cuantificada en las leyes panameñas, con una pena de 8 a 15 años de prisión.
