Debemos condenar públicamente la idea misma de que unos hombres puedan castigar cruelmente a otros". Alexander Soljenitzin. Con esta frase, el laureado escritor ruso define lo que él ha llamado la maldad de los Estados, cuando sus ciudadanos sufren por decisiones adversas capaces de estremecer los cimientos de su edificio democrático.En este mes de la Patria debemos reflexionar sobre la omnipotencia del Estado panameño, que actúa sin normas administrativas y políticas públicas, que lo limiten y le otorguen responsabilidad al afectar los derechos de cualquier ciudadano.
Lejos estamos de alcanzar la democracia en un Estado que sigue siendo prepotente en su desenvolvimiento, sobre todo en el respeto debido a los asociados, sin que se deslinde la responsabilidad y se aplique los correctivos a quienes hayan hecho añicos su bienestar.
Mientras en Chile se buscan compensaciones por las muertes y los Desaparecidos, como consecuencia del terrorismo de Estado del gobierno autocrático, en Panamá, tras un vocinglero clamor por el respeto a los derechos humanos, nadie ha sido castigado, ni siquiera ha habido censura pública para quienes han cometido atropellos.
Por otra parte, la violación al derecho de presunción de inocencia, continúa siendo una regla que rige en nuestro sistema judicial, que llena las cárceles de acusados sin procesar y sin que pueda hacerse nada para cumplir con el debido proceso.
Un muy leve ejemplo es la infracción que pueda cometer el conductor de un vehículo del Estado en perjuicio de un particular; es imposible cobrar por los daños por esa forma como es concebido el poder público que, aunque emana del pueblo, se encuentra por encima de la Constitución y de las leyes de la República y es capaz de aplastar a los ciudadanos y ciudadanas comunes.
Inclusive, cada cinco años, el Estado despide de sus ministerios e instituciones a panameños capacitados, violando sin desparpajo las leyes de la República y sin que exista forma de detener estas políticas antidemocráticas e inhumanas y castigar a quienes quebrantan el espíritu de civilidad.
El Estado debe estar enmarcado en la ley y debe ser encausado como cualquier habitante de su territorio, asumiendo las responsabilidades de su extralimitación. Tal vez esto nos podría conducir algún día a vivir en una auténtica democracia.
