La Procuraduría de la Administración entregó el pasado 29 de octubre las declaraciones juradas certificadas al fiscal Auxiliar de la República, Luis Martínez, y al fiscal Segundo de Drogas, Edwin Guardia, en las investigaciones que se realizan contra la Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.
Los dos funcionarios tienen 5 días hábiles para responder al cuestionario sobre la orden de intervención telefónica contra el ex fiscal Arquímedes Sáez en una operación encubierta que le realizó el Ministerio Público en el 2005.
Se conoció que en el cuestionario se señala por qué realizaron la intervención telefónica si había cambiado esa práctica para su aplicación en la Constitución Nacional, como la constancia con que se ejecutaban ese tipo de acciones en el despacho.
Guardia, en el 2005 fungía como jefe del Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público, mientras que Martínez, para la fecha ocupaba el mismo cargo de Fiscal Auxiliar.
La Procuraduría de la Administración abrió un proceso contra la procuradora Gómez y el ex secretario general del Ministerio Público por los presuntos delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública.
El 17 de julio de 2007, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo donde fue declarada inconstitucional la resolución que dispuso intervenir y grabar algunas conversaciones telefónicas y practicar una diligencia de operación encubierta con dinero previamente marcado, por el delito de corrupción que enfrenta el ex fiscal Sáez.
