La Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API) expresó ayer preocupación frente a una resolución del Ministerio de Vivienda, que pretende disponer de más de 250 fincas privadas ubicadas en los corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y Curundú.
El gremio solicitó al ministro Gabriel Diez, les aclare los alcances de la resolución No. 217-08 del 27 de agosto de 2008, ya que a juicio de la API afecta la seguridad jurídica y el derecho de la propiedad.
Roberto Cedeño De Obaldía, presidente de API a través de una carta le cuestionó a Diez si esta resolución es una expropiación y le recuerda que el Banco Hipotecario, el MIVi, la Caja de Ahorro y otros entidades tienen esos corregimientos lotes baldíos e inmuebles condenados, lo cual resulta incongruente.
La API advierte que muchos de los inmuebles de sus afiliados se encuentran en calidad de casas condenadas, debido a la morosidad del MIVI, corregidurías y Alcaldía para ejecutar el lanzamiento de las personas que ocupan tales edificaciones.
