El país está ante lo que se perfila como la recta final hacia una huelga nacional de médicos el 6 de noviembre próximo, con todas las consecuencias que ello implica.
En su primera reunión para plantear sus posiciones, pareció que la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) y el gobierno nacional, representado por el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS), hablaban lenguajes diferentes.
Los médicos llegaron con una agenda que trataba únicamente el aspecto económico, mientras que es mismo tema fue totalmente excluido por la parte gubernamental en sus planteamientos de arranque.
Las aspiraciones de los médicos son incrementos de aproximadamente un 60% sobre sus actuales ingresos provenientes del Estado; el gobierno insiste en que estos cumplan con sus horarios en el servicio público.
Independientemente de quién salga ganando en esta medición de fuerzas, quienes saldrán más afectados por el resultado no serán ni los médicos ni la administración gubernamental, sino los asegurados de la CSS y la población en general, quienes durante décadas han tenido que soportar un deficiente sistema de salud pública.
Esto, en definitiva, hace necesario que estos afectados se conviertan en la tercera parte en en la negociación entre médicos y gobieno; que tengan participación activa, y que estas reuniones sirvan para que tanto el Estado como los galenos rindan cuentas sobre lo que han hecho, y se comprometan a mejorar el servicio en el futuro.