El proyecto, que en la práctica aumentaba el costo del revisado vehicular, parece que murió en su cuna, según reveló el viceministro y director encargado de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Ricardo Fábrega.
Fábrega dijo que el proyecto generó rechazó en la comunidad por lo que se habló con el diputado Marcos González, quien se hizo eco de la situación y ahora se va a revisar el tema. El funcionario advirtió, además, que no pretende fomentar ningún tipo de monopolio en la prestación del servicio de revisado.
El diputado Marco González no está dispuesto a cargar solo con el rechazo que produce el proyecto de ley que aumenta la tarifa del servicio de inspección vehicular entre $25 y $50, según el tipo de vehículo a motor.
Dueños de talleres y transportistas de CANATRA conforman un bloque de rechazo al proyecto, que de ser aprobado, los obligaría a subir las tarifas en la reparación de vehículo y el pasaje en el transporte colectivo y selectivo de pasajeros.
Iván Flores, representante legal de la Asociación de Talleres, alegó que insinuar que los accidentes de tránsitos que se producen en las calles son por causa del mal revisado de los talleres, es una "patraña".
El grupo es del criterio que la propuesta de González promovería un monopolio en el servicio de inspección vehicular y dejaría a una sola empresa un negocio de aproximadamente $20 millones por la prestación del servicio. El diputado se reunió ayer con parte del grupo que rechazan la propuesta en su totalidad.
La polémica propuesta del diputado González es una reforma a la ley Nº42 de 2007 que ordena el cese del revisado vehicular tradicional, que funciona mediante el otorgamiento de autorizaciones a talleres de mecánica que, además de detectar las fallas mecánicas de los vehículos que revisan, deben repararlos.
Por disposición de la ley, la Autoridad del Tránsito concesionará a los centros de diagnóstico como responsables de realizar un análisis de las condiciones mecánicas del vehículo y el control de emisión de gases contaminantes.
La propuesta establece el carácter obligatorio de una inspección vehicular anual así como del control de emisión de gases contaminantes en todos los vehículos de motor. En los vehículos destinados al servicios de transporte terrestre de pasajeros la revisión será bianualmente. En el caso de los vehículos nuevos o usados, la revisión será una vez entren al país.
Señala la iniciativa que, para garantizar la objetividad de los exámenes, y, por ende la legitimidad de los certificados, los Centros de Diagnóstico no podrán dedicarse a la actividad de reparación de vehículos de motor o unidades de arrastre.
"El tiempo y la experiencia nos ha enseñado que, en gran parte de los vehículos más deteriorados que vemos circulando por las calles y avenidas de nuestro país, tienen la constancia de que han pasado el revisado vehicular del año correspondiente", afirmó el diputado de Cambio Democrático (CD).
NUEVA TARIFA
- Los servicios de inspección vehicular para los vehículos nuevos y los usados que ingresen al país, pagarán $25, de los cuales, $15 serán para la empresa y solo $10 para la Autoridad del Tránsito en el caso de vehículos particulares.
- En el caso de los vehículos de transporte público, la nueva tarifa será de $50, de los cuales, $40 serán para la caja de la empresa y $10 para el fisco.
- Los servicios de inspección vehicular anual, obligatorio para los vehículos y unidades de arrastre que transitan por el país, pagarán $30, de los cuales, $25 serán para la empresa y $5 para la ATTT.
- Los servicios para la revisión del control de emisión de gases contaminantes anual obligatorio, pagarán $15, de los cuales, $10 irán a la cuenta de la empresa que realice el diagnóstico y $5 para el gobierno.