La Fiscalía Contra el Crimen Organizado solicitó en la vista fiscal el llamamiento a juicio de tres ex miembros del Servicio Nacional de Migración: Héctor Casas, Vladimir Ruiz González y Boris Baules Núñez, al Órgano Judicial.
Los tres sindicados fueron investigados por el delito contra la seguridad jurídica de los medios de comunicación, contra la humanidad (tráfico de personas) y contra la administración pública por supuestamente hacer cambios fraudulentos sobre las restricciones de entrada o salidas del país, de extranjeros.
Los ex funcionarios laboraban en el Departamento de Investigación y la denuncia fue presentada en el 2009.
Según las investigaciones, luego de la denuncia presentada por la directora de Migración, María Cristina González, el 13 de enero de 2010, la Autoridad de Innovación Gubernamental condujo una revisión del sistema de impedimentos legales utilizado por el Servicio Nacional de Migración con el fin de identificar irregularidades en los procesos internos de restricciones o impedimentos impuestos a nacionales y extranjeros.
En el periodo de diciembre de 2007 a enero de 2010 se detectaron 15, 363 modificaciones a los impedimentos de entrada o salida realizadas con carácter fraudulento, o sea, que no tenían justificación para haber sido hechos los cambios.
Un informe revela que los funcionarios no tenían autorización escrita y las mismas se realizaron para favorecer a personas que tenían los impedimentos de entrada o salida del país, o a personas buscadas por la INTERPOL, permitiéndoles permanecer en el país sin ser identificados.
Los tres sindicados: Héctor Casas, Vladimir Ruiz González y Boris Baules Núñez, negaron su participación en los hechos de modificación fraudulenta de los registros migratorios.
El Segundo Tribunal de Justicia les concedió en una apelación la fianza de excarcelación a los tres detenidos el pasado mes de junio, bajo la ponencia de las magistradas Geneva Aguilar de Ladrón de Guevara y Elvia Batista.
Según lo que se desprende de los fundamentos legales de la fianza concedida, "se revisaron las bitácoras o históricos de la base de datos de impedimentos y no había documentos que apoyaran dichas modificaciones, con aparente beneficios personales".
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia determinó al otorgar las fianzas que más que un delito de infracción de los deberes de un servidor público es posible la existencia de un delito de corrupción de servidor público.
El Segundo Tribunal de Justicia solicitó al Ministerio Público realizar una exhaustiva revisión de las normas infringidas.
