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Una gran cantidad de funcionarios públicos saltaron de alegría el 20 de junio de 1994, cuando el Ejecutivo y el Legislativo aportaron al país la Ley 9 que establece y regula la Carrera Administrativa. Esa ley ponía punto final a la incertidumbre e inestabilidad del funcionario que desde siempre había estado sujeto a los vaivenes de la política.
Guillermo Ford Boyd, presidente Encargado de la República; Ivonne Young, ministra de la Presidencia; Arturo Vallarino, entonces presidente de la Asamblea Legislativa, y Rubén Arosemena Valdés, secretario general de la misma, se llenaron de vítores cuando suscribieron la ambiciosa ley que colocaba la administración pública panameña en un sitial muy por encima de otras naciones.
Esos funcionarios que rubricaron la ley están hoy en posiciones idénticas o de mayor nivel y, sin embargo, no se está haciendo nada para que la misma sea puesta en ejecución adecuadamente, contrario a lo que hizo el gobierno anterior que la implementó en todo el país, consciente que constituía un instrumento legal de avanzada que reconoce méritos a muchos servidores que han contribuido al fortalecimiento institucional del país.
El gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, cimentado en el esfuerzo de los mismos personajes que contribuyeron a que alcanzara el Solio Presidencial y que mencionamos anteriormente, inexplicablemente, le ha dado la espalda a ese significativo logro de sus copartidarios.
Para muestra un botón. En la Dirección de Carrera Administrativa reposan miles de expedientes de funcionarios de carrera que han sido destituidos, que no se han tocado por el simple hecho de que el Ejecutivo no ha designado a los integrantes de la Junta de Apelación y Conciliación de ese organismo. Compartimos la revocatoria de muchos certificados de carrera otorgados sin cumplir los requisitos dispuestos en la ley, pero si no son todos los que están en esa situación, entonces nos preguntamos:
¿Por qué no se designan los integrantes de la referida comisión? ¿Teme la Presidenta que salga a luz pública nuevos gazapos jurídicos en su administración? ¿Espera acaso que quien la reemplace en la Presidencia cargue con la injusticia que su apatía infligió a los funcionarios públicos capaces que fueron privados de su pan? Mientras doña Mireya elude ese compromiso, muchos hogares están pasando hambre, el Gobierno padece una galopante lepra administrativa, los cimientos institucionales tambalean y el pueblo se consterna cuando de los labios de una dama atractiva y aparentemente cándida, brota la frase "compromiso para el cambio", que en la realidad no es más que sarcasmo, burla e iniquidad. |
