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Impugnaciones y compra de votos en el PRD

Carlos Estrada Aguilar ([email protected]) | Crítica en Línea

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Varios diputados fueron a la sede del PRD acompañados de sus seguidores exigiendo se investigue la compra de votos. (Foto: Jorge Silot / EPASA)

Los PRD electos en las primarias no están dispuestos a bajarse por un miembro del Partido Popular (PP). La puesta en ejecución del arreglo político de alianza entre el PRD y el Partido Popular es la manzana de la discordia en el cierre del proceso.

En el día de ayer varios diputados del circuito 8-6, entre ellos Frank Quintero y María Andrión, se presentaron a la sede del PRD con varios de sus seguidores exigiendo una investigación por el posible delito de compra de votos y el recuento de varias actas que supuestamente los favorecerían.

Un caso más complicado es el del diputado colonense Alejandro Vanegas, que sería desplazado por un candidato del PP, situación que fue demandada ante la cúpula del partido. Felipe Daniels, dirigente de base del PRD en Colón, reiteró que hay un rechazo total a la resolución que pretende otorgar al PP la cuarta casilla de diputado en esta provincia, en base a unas presuntas negociaciones en las que no fueron consultados.

Según el vocero del PRD, en Colón fue electo el diputado Alejandro Vanegas en la cuarta casilla y ya fue proclamado oficialmente por la Comisión Nacional de Elecciones, y ellos exigen al CEN que respeten la voluntad popular del PRD que escogió a quienes quieren que los represente en el próximo torneo electoral del 2009.

Hasta la candidatura del actual presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Raúl Rodríguez, por el circuito 4-6, fue objeto de una impugnación por parte del precandidato Orlando Barría, quien alegó que no hay actas que confirman el resultado de una elección, donde se revela que el actual diputado triunfó con una ventaja de 200 votos.

La Fiscalía Electoral presentó siete solicitudes de levantamiento del fuero electoral a candidatos de las primarias del PRD. Las denuncias van desde compra de votos hasta el uso de recursos del Estado en actividades políticas.



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