Ha transcurrido un año desde que Martín Torrijos asumiera la Primera Magistratura de la Nación y son muchos los aspectos que pueden ser considerados al momento de efectuar un balance sobre su gestión.
Tal vez muchos comprometan sus esfuerzos y su visión crítica haciendo alusión a aquellas cosas que no han sido aún cumplidas, por supuesto desde una óptica de implacable impaciencia; sin embargo, me parece que el punto sustancial del período en consideración ha sido la incorporación de los elementos de la sociedad civil a la discusión de los problemas del país.
Desde esta perspectiva, no considero que la administración Torrijos deba ser juzgada por la cantidad de protestas, sino por la capacidad de rectificación y de integración de las fuerzas sociales para poder encontrar el punto ecléctico capaz de permitir al país el sosiego requerido en medio de discusiones y diálogos de temas no pocas veces incandescentes, como lo son las reformas tributarias, la libertad de expresión y de prensa, la Ley 17 y la equilibrada aplicación de la justicia.
Si bien los tecnócratas miden el buen funcionamiento de un gobierno por el efecto de sus normas fiscales y los partidos por las obras de beneficio social y político, la realidad es que en esta ocasión, más allá de las cifras, lo más importante ha sido la consolidación de nuestras instituciones democráticas.
Sobre esto último debemos destacar la eliminación de las leyes mordaza, como uno de los logros más trascendentes del gobierno del joven Presidente y cuyas bases consolidan un derecho inalienable como es la libertad de expresión que permite la fiscalización de la actuación de los funcionarios.
Estos resultados perfilan un nuevo modelo de gobernar y nueva época de la cual esperamos un futuro de consulta al momento de tomar decisiones que afecten a los grupos mayoritarios de la población.
Lo importante de esto es que a pesar de contar con mayoría en los diferentes poderes del Estado, el gobierno no ha impuesto este peso y ha reconocido sus desaciertos.
La conformación de la Comisión de Estado por la Justicia permitirá introducir una serie de cambios en el Órgano Judicial a la espera de resultados que satisfagan las expectativas que desde hace décadas esperamos todos los panameños. En ese sentido, el Ejecutivo ha tenido la fortaleza de no ser seducido por cantos de sirenas.
Así mismo, la reformas a la Caja de Seguro Social han aportado valiosos elementos para que el pueblo conozca las intimidades de esta institución y le ha permitido a la gran masa trabajadora elegir el método más correcto para establecer las ineludibles reformas.
Tal vez quienes aconsejaron inicialmente al mandatario en el caso de la Ley 17 no tenía conocimiento del grado de participación que podría tener el pueblo en un caso que les afecta de manera directa sus intereses.
El actual gobierno inaugura un nuevo estilo de administración de los recursos nacionales, notorio ejemplo para la clase política panameña acostumbrada a los dobles discursos y a enclenques posturas morales alimentadas por la demagogia y las vanas promesas de campaña. La gestión de Martín Torrijos le ha permitido al pueblo participar en la toma de decisiones y no esperar cinco años para rectificar.
