La implementación del operativo policivo Mano Dura y la aprobación por el Consejo de Gabinete de un anteproyecto de ley que permite que los menores de edad puedan ser castigados con las mismas penas de prisión de los adultos, ha desatado un necesario debate público.
Toda América Latina, sufre desde hace años una serie de enfermedades sociales que han alterado radicalmente sus sociedades. La violencia, la delincuencia y sus efectos en la seguridad ciudadana, son unas de las preocupaciones de las entidades internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que las clasificó como una amenaza para la salud pública, porque con un acto violento se pueden dañar tanto a mujeres embarazadas, como a niños o ancianos.
En la región, más de 300 mil personas murieron ya sea por violencia, suicidios o daños por accidentes. Y si tomamos en cuenta que las personas que viven en un contexto violento, también se encuentra en mayor riesgo de padecer desórdenes alimentarios, problemas de alcoholismo y de adición a las drogas, entonces estamos ante una bomba social.
Y aunque sean buenas las acciones del Ministerio de Gobierno y Justicia para de alguna manera detener la ola delictiva, la amenaza de la cárcel a los infractores del cumplimiento de la leyes, no pareciera ser ni el mejor ni el único modo. Además, incrementar el hacinamiento en nuestras cárceles, obliga a analizar la realidad de Brasil, por ejemplo, que ha duplicado en los últimos ocho años el número de presos; hecho que ha causado motines, fugas y asesinatos entre los presos. La delincuencia y la calidad del entorno en que viven los barrios más pobres del país, se pueden convertir en un insalvable obstáculo para sus posibilidades de desarrollo futuro. Por lo tanto, no resolver integralmente el problema, es condenarlos a una cadena perpetua con la miseria y la inmovilidad social.
