En el primer día de audiencia contra 12 imputados en la denominada "Operación Ley Patriótica" por lavado de dinero, un ex agente antidrogas de la Dirección de Investigación Policial (DIP) que sirvió como testigo, aseguró en la práctica de pruebas que los investigadores asignados al caso no pudieron corroborar la existencia de una organización criminal ligada al 'tumbe' de drogas y armas, blanqueo de capitales y narcotráfico.
El agente Mario Welch, quien laboró en el equipo investigativo policial de la DIP, a quien le correspondió hacer las pesquisas contra Jorge Ramos Herrera, alias "Cerebro" (prófugo de la justicia), dijo que la información que obtuvieron no pudo ser confirmada como tampoco se estableció la participación en reuniones de los procesados.
La Fiscalía Segunda de Drogas realizó una investigación penal en el año 2006 contra el ex comisionado de la Policía, Carlos Soto Vega, los abogados Juan Ramón Messina y Desiré Messina; el empresario Isaac Betesh, su esposa, Cristina de Betesh; los ancianos José Castro y María De Los Ángeles de Castro; su hijo Rafael Emir Castro; Gustavo Guillén, Ester María Tenorio y Yareli Ávila, por lo que fueron llamados a juicio por el Juzgado Sexto Penal por el delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
Según la Fiscalía, se determinó que ese grupo supuestamente se dedicó al lavado de 10 millones de dólares a través de una supuesta red criminal que utilizó operaciones mercantiles donde participaron abogados, empresarios, policías, contadores, tumbadores de droga para lavar activos, cuyos cabecillas eran supuestamente, según las investigaciones: Carlos Mejía, alias "Oso Yogui" (asesinado), Alexander Justiniani, alias "Chari" (asesinado), Jorge Ramos Herrera "Cerebro" y Juan Ramón Messina, alias "Juan Calabaza", dedicados al narcotráfico.
Por medio de los ancianos José Castro y María De Los Ángeles Castro se emitían cheques y transacciones financieras en entidades bancarias que aparecieron en cuentas de Mejía "Oso Yogui", de 100 mil 830 dólares, y una cajilla de seguridad con 50 mil dólares.
También se mencionó la relación entre Betesh y Carlos Soto Vega en el movimiento de sustancias ilícitas que eran sacadas por el espacio aéreo panameño.
Durante el juicio, la juez Isis Joseph negó a la defensa la práctica de un peritaje a las 3 huellas dactilares de los testigos protegidos "Azur", "Melanio" y "Luciano".
Los abogados defensores adujeron que era necesario realizar el cotejo de las huellas, ya que las mismas pertenecen a una sola persona y no a tres personas. La fiscalía a cargo de Franklin Amaya se opuso a esa práctica de pruebas por ser ex temporáneas.
A la audiencia también comparecieron dos pilotos militares de helicóptero, ex compañeros de la Fuerza Aérea Panameña del ex comisionado Soto Vega, solicitados por la abogada Guillermina McDonald, quienes concluyeron que los helicópteros no tienen la capacidad para cargar contenedores.
Esas declaraciones de los peritos echó por tierra la declaración del testigo protegido "Azur", quien dijo a la Fiscalía Segunda de Drogas que la droga traficada por la organización criminal investigada movía contenedores de droga por el espacio aéreo en helicópteros y aviones, evadiendo los radares.
Otros dos peritos financieros presentados por los abogados de Juan Ramón Messina establecieron que el patrimonio económico del abogado detenido en La Joyita en el 2006 cuando se registró la "Operación Ley Patriótica", era de alrededor de 40 mil dólares.
Para hoy, miércoles, la Fiscalía Segunda de Drogas contará con la presencia de la perito financiera del Ministerio Público, Gloria Méndez, y la presentación por medio de video conferencia de uno de los testigos protegidos que señalan la conexión de una red criminal dedicada al tumbe de drogas, narcotráfico para el blanqueo de capitales, desmantelada en el 2006.
