El Gobierno demolió a punta de mazo las oficinas de la empresa Las Brisas de Amador S.A., que rellenó 2.8 hectáreas de fondo de mar sin permiso oficial. Los directivos de la empresa en voz baja se preguntaban: ¿dónde está la orden judicial?, pero una cuadrilla del MOP desarrollaba a toda velocidad la destrucción; luego un equipo pesado se les unió en la tarea.
La operación contra los rellenos ilegales y cobros se trasladará pronto a la Avenida Balboa. Ya el ministro de Economía, Alberto Vallarino cuestionó que el Estado pagara $8 millones de un relleno que forma parte de la Cinta Costera para concederlo al Club de Yates y Pesca.
