Desde un principio se planteó que los legisladores nunca aprobarían leyes que los afecten y el debate de las reformas constitucionales ha confirmado esas sospechas.
El proyecto de modificaciones a la Carta Magna incluían inicialmente una reducción sustancial del número de integrantes de la Asamblea y establecer el sistema de legisladores nacionales y provinciales, para sustituir el esquema actual de circuito, que más bien promueve el clientelismo político, donde el diputado logra respaldo no por los leyes que proponga, sino por las "ayudas" que brinda a la comunidad, que en todo caso no salen de su bolsillo, sino del erario público.
Al final se optó por fijar en 71 el número de componentes del Órgano Legislativo en vez de los 78 que tendrá la próxima Asamblea. Fue como una fórmula de transacción, pero aún así, Panamá es un país muy pequeño, para tener tantos legisladores.
La actitud de los llamados padres de la patria refuerzan la tesis de aquellos que promueven una Constituyente, tomando en consideración que los actuales legisladores sólo actúan en bases a sus intereses personales o de grupo.
Conforme se plantean las cosas, no sería una sorpresa que la próxima Asamblea que se instale el 1 de septiembre decida no aprobar las reformas a la Carta Magna, porque le están reduciendo el número de sus escaños.
Cuando se legisla debe hacerse para el bien de la sociedad y del país y no para satisfacer intereses particulares. Sorprende escuchar a legisladores en los debates exponiendo argumentos sensatos en torno a una propuesta, pero al momento de votar lo hacen respaldo posiciones diametralmente opuestas a sus argumentos. ¿Entonces de qué hablamos?
Hay que ser coherentes con el discurso y las actuaciones. Cuando los políticos entiendan esto, tendremos un mejor país.