Mientras el Presidente de la República, Ricardo Martinelli y su gabinete hacen llamados públicos a la calma y el diálogo en torno a la crisis en Bocas del Toro (que ha cobrado al menos dos muertes y decenas de heridos), con miras a una negociación con los sindicatos del país por la polémica Ley 30; por el otro lado parece haberse montado un operativo a nivel nacional para arrestar a cuanto dirigente sindical se encuentren.
La semana pasada se levantaron órdenes de arresto contra Saúl Méndez y Genaro López, líderes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS). El sábado, en Panamá se detuvo temporalmente a varios líderes sindicales en el Hotel Soloy. Y encima de eso, agentes de la DIJ se aparecieron ayer en la casa del economista y profesor universitario Juan Jované, ubicada en la barriada Las Mercedes, e intentaron llevárselo sin explicación alguna. Sólo cuando aparecieron simpatizantes de Jované y periodistas a tomar fotografías, se retiraron.
Hace más de 20 años que dejamos atrás el yugo de la bota militar, pero cuando vemos semejantes atropellos, los calificativos de "dictadura civil" que usan los adversario políticos del actual gobierno ya no suenan descabellados.
Si el gobierno quiere paz en Bocas y en el resto del país, como dice en sus llamados al país, entoces debe sentarse a revisar la Ley 30, aprobada a la brava, sin consulta y afectando derechos ciudadanos y laborales, y que al fin y al cabo no es nada menos que la causa de todo este caos que ha cobrado vidas y generado $40 millones en pérdidas.