La Asamblea Legislativa de El Salvador pidió a las bandas de secuestradores que mantienen en cautiverio a menores de edad que respeten su vida e integridad y procedan a su inmediata liberación.
En un comunicado publicado ayer en los diarios locales, el Parlamento expresa "su más enérgica condena ante la práctica abominable del secuestro de niñas y niños" y manifiesta sus condolencias a la familia de Gerardo Miguel Villeda, de 9 años, quien fue asesinado el pasado 21 de junio, poco tiempo después de haber sido secuestrado.
En la actualidad se encuentra secuestrada Sara Lagos, de 8 años, quien fue arrebatada el pasado 19 de junio a una empleada que la acompañaba a su colegio, en la ciudad de Ahuachapán, en el oeste del país.
Tras reconocer el esfuerzo que realiza la Policía Nacional Civil (PNC) en el combate del delito, la Asamblea Legislativa exhorta a la ciudadanía a "asumir un papel protagónico en la lucha contra la delincuencia, denunciando los secuestros y permaneciendo vigilante ante cualquier manifestación delictiva".
Asimismo, hace un llamamiento a la Fiscalía General de la República y la policía para que "actúen y apliquen con todo rigor la ley en la lucha contra el crimen". El presidente salvadoreño, Francisco Flores, iglesias, diversas asociaciones gremiales y privadas han pedido en los últimos días a la Asamblea Legislativa reformas para endurecer las leyes contra los secuestradores, entre ellos la pena máxima de cincuenta años de prisión, que en la actualidad es de treinta.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA, regentada por jesuitas), también se sumó ayer a las condenas por el asesinado de Gerardo Miguel Villeda y recuerda los asesinatos de otros niños en el país en los últimos años, los cuales han quedado en la impunidad. |