La Defensoría del Pueblo investiga 93 casos de supuestas torturas y actos de violaciones a los derechos humanos en detrimento de personas privadas de la libertad en las diferentes cárceles del país.
Las quejas fueron presentadas ante la Defensoría del Pueblo en contra de custodios y miembros de la Policía Nacional (PN) que laboran en los diferentes centros penales y penitenciarios.
El defensor Ricardo Vargas reveló que la institución elaboró un informe que recoge un diagnóstico de las diferentes quejas presentadas, "que servirá de guía para que todos los organismos involucrados en el tema, tomen iniciativas tendientes a materializar programas y políticas de cero tolerancia a los actos de tortura".
Vargas dijo que urge en Panamá "acercarse más a la humanización de los sistemas penitenciarios", y aplicar la Ley No. 5 de 16 de junio de 1987, que define la tortura como un dolor o sufrimiento grave, físico o mental, realizado de manera intencional por alguien en ejercicio de funciones públicas, como método de castigo.
Las estadísticas que incluyen el informe revelan que en una misma queja se tipifican hasta más de tres conductas o actos de supuestas afectaciones a la vida y presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, atribuidos al personal de Policía Nacional que resguardan la seguridad en las cárceles.
El Defensor del Pueblo insistió en el fortalecimiento de una mejor coordinación interinstitucional con miras a establecer estrategias que permitan el cumplimiento de los compromisos que el Estado adquirió al suscribir los instrumentos internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico nacional.
La población penal en el país supera los 11 mil reclusos que cohabitan en diferentes cárceles.
Las cárceles con mayor número de internos en Panamá son: La Joyita con 3,215 internos, seguido de La Joya con 2,081, y el Centro Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, con 1,392 reos.
Más atrás están la cárcel de Chiriquí, donde la población es de 1,018; Veraguas con 332; Coclé con 361; y Bocas del Toro con 298.
Por su parte, las provincias de Los Santos y Herrera registraron 211 y 200 internos, respectivamente, siendo Darién la provincia con menor cantidad de privados de libertad, registrando un total de 143.
