Los diputados Sergio Gálvez, Vidal García, José Muñoz y el diputado suplente Antonio Pope recibieron de manos de los magistrados del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla y Gerardo Solís, las credenciales que los habilita para desempeñarse también como representantes de corregimientos.
Mientras los magistrados cumplían el mandato de la Corte Suprema de Justicia, huestes del partido Cambio Democrático (CD) que apoyan a Vidal García, y seguidores de su suplente, Aleysis Ureña, estuvieron a punto de agarrarse a los puños en los predios del Tribunal Electoral.
La "barra brava" de ambos políticos llegaron al Tribunal a presenciar el acto de entrega de credenciales, en el que García fue reconocido como representante de corregimiento principal de Chilibre, mientras que Ureña fue relegada a la suplencia, situación que causó la molestia de un grupo de moradores del corregimiento que adversan a Vidal.
García dijo que usará las vías legales para sacar a Ureña de la Junta Comunal de Chilibre, instalaciones que ha convertido en su residencia después de conocer el fallo de la Corte que favoreció a su copartidario y ahora adversario.
Entre tanto, Ureña calificó de "avaro" político a García, ya que quiere quedarse con el cargo de diputado y de concejal de Chilibre.
Por su parte, el magistrado Gerardo Solís reiteró que el Tribunal acató la orden de la Corte de entregar las credenciales a los diputados, por lo que las disputas políticas y legales entre García y Ureña no son de su competencia resolverlas ni ser mediadores.
¿QUE SE PELEAN?
El sueldo de un representante de corregimiento asciende a $1, 000 mensuales. Adicional a ello, reciben $600 semanales en concepto de dieta por las sesiones del Consejo Municipal.
Las cosas no quedan allí, los concejales manejan hasta $26 mil de una partida del Municipio para gastos de funcionamiento de la junta comunal.
A este monto se le suman otros $5 mil mensuales en contratos de personal administrativo adscritos a la junta comunal.
Otro motivo de la disputa entre ambos miembros del mismo partido son los $100 mil anuales del PROILO a las juntas comunales y los $80 mil que el PRODEC destina anualmente para obras comunitarias a los representantes de corregimiento.