Todo indica que el gobierno dejó escapar una salida para la actual crisis que ha generado la aprobación de las reformas al sistema de seguridad social.
Cuando todo el mundo esperaba que se posponía la vigencia de la Ley 17, el Ejecutivo anunció que se suspendía una reglamentación inexistente.
Si bien se puede alegar que en el juego de palabras utilizados por el mandatario Torrijos tras su reunión con miembros de la Conferencia Episcopal y el Comité Ecuménico, puede interpretarse como una suspensión de hecho de la ley, la realidad que existe desconfianza de los sectores en huelga, lo que obligaba a mantener la mayor claridad posible.
No se puede estar dando pasos en falso. Un diálogo nacional sin la participación del principal vocero de los huelguistas, se convertirá en monólogo y no contribuirá a buscar avenidas que normalicen la situación del país.
La alianza Patria Nueva tiene los votos necesarios en la Asamblea Nacional para aprobar una ley que suspenda por 90 días la Ley 17, por lo que se debió aprovechar la oportunidad que originó la intervención de las Iglesias, para facilitar un acercamiento.
El diálogo entre gobierno, obreros y empresarios que facilita el Consejo de Rectores, no tendrá mayores frutos, si el gobierno por un lado no manda señales claras al sector de FRENADESSO, que duda de sus intenciones.
De haberse suspendido la Ley 17, los huelguistas hoy no tendrían excusas para no sentarse a la mesa del diálogo. Más que buenas intenciones, se requieren hechos para superar la desconfianza que existe entre bando y bando.