La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica criticó la metodología aplicada para la aprobación de la ley N.º30 ó "9 en 1", que además de promover medidas para el desarrollo de la aviación comercial, introduce reformas laborales, penales y ambientales.
A través de un comunicado difundido desde la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Panamá, se explica que la aprobación de la ley se hizo de forma "apresurada y sin tomar en cuenta el aporte de diversas organizaciones de la sociedad civil".
Agrega la nota que "se impidió una efectiva participación ciudadana en un ambiente de respeto y tolerancia, que es uno de los fundamentos del sistema democrático, cuyo objetivo supremo es el logro del bien común".
Para la Comisión de Justicia y Paz es urgente la necesidad de buscar los mecanismos de acercamiento y diálogo para que la ley sea revisada con la participación de todos los sectores, asegurando con ello una experiencia de convivencia pacífica y una auténtica vida democrática.
"Es importante un acuerdo político sobre el contenido de esta ley, que no es la solución total a los graves problemas que aquejan a Panamá, pero por lo menos situaría al país en las condiciones institucionales de gobernabilidad democrática que serían aptas para afrontarlos, en el marco de un plan conjunto, con la participación ciudadana y con un nuevo estilo de gestión política que "ponga el bien común como el principal imperativo para la construcción de nuestra sociedad", destaca el comunicado.
La Iglesia Católica considera urgente una política de respeto al medioambiente. "Los gobiernos deben asumir la tarea de promover y garantizar una verdadera responsabilidad ecológica. No pueden aprobarse proyectos que destruyan la naturaleza, más allá de lo estrictamente necesario en función del bien común", destaca el comunicado de Justicia y Paz.
EN EL CASO DE LOS SINDICATOS: ESPACIOS DE DIALOGO
En el caso de los sindicatos, la nota de prensa indica que se hacen necesarios espacios de diálogo en los que las organizaciones de los trabajadores, de los empresarios, de la sociedad civil y el Gobierno puedan debatir y acordar proyectos para la solución de los problemas nacionales.