La situación de los desplazados colombianos en Darién parece convertirse en punto clave de las relaciones entre Panamá y el gobierno de Bogotá, según confirman medios de prensa de la vecina nación sudamericana.
Se informó que la viceministra de Relaciones Exteriores, Nivia Rossana Castrellón, informó que pronto se analizará la legalización de los desplazados colombianos que viven en territorio panameño, a petición de Bogotá.
Estas declaraciones son paralelas al anuncio del gobernante electo de Panamá, Martín Torrijos, de "que se ordenará el regreso de los desplazados colombianos, para cumplir las normas internacionales sobre los refugiados".
Carolina Barco, ministra de relaciones exteriores de Colombia, solicitó al Gobierno panameño legalizar el estatus migratorio de los desplazados que viven en la selva del Darién, a donde han huido de la violencia en su país.
Barco, en una misiva enviada a su homólogo panameño, Harmodio Arias, le pide establecer un mecanismo especial para la legalización de los desplazados, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y a las normas internacionales vigentes en materia de desplazamiento forzado.
Se estiman en 700 los desplazados originarios de Colombia, sobre todo del departamento del Chocó, en donde elementos irregulares de las fuerzas paramilitares y las guerrillas izquierdistas operan, causando terror y muerte a cientos de civiles colombianos.
Los refugiados del Darién reciben ayuda del Gobierno local y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
ESTATUS MIGRATORIO
Carolina Barco, ministra de relaciones exteriores de Colombia, solicitó al Gobierno panameño legalizar el estatus migratorio de los desplazados que viven en la selva del Darién, a donde han huido de la violencia en su país.