El gobierno planteó un gran diálogo nacional con los actores políticos, sociales, gremiales, sindicales y económicos del país, para buscar nuevas alternativas de consenso para la Caja de Seguro Social.
Se ha establecido un plazo de 90 días para lograr opciones de consenso, que el Ejecutivo llevaría luego a la Asamblea Nacional. No hay duda, que la medida adoptada por el Ejecutivo, le da un respiro al gobierno que estaba agobiado por la huelga.
Al mismo tiempo, la alternativa pone de manifiesto que el gobierno funciona al revés. Lo que se ha convocado ahora, debió hacerse antes de aprobar la ley 17. Lo correcto debió ser presentar el proyecto e iniciar amplias consultas.
A pesar que hay sectores insensatos, que pretenden hacer ver que no hay ninguna crisis en el Seguro Social, aún existen elementos responsables que reconocen la existencia de un problema.
Sin embargo, el gobierno -al igual que sucedió con las reformas fiscales- falló en su estilo. Se mantuvo hasta el final en secreto el proyecto y cuando se divulga, se establecen plazos rígidos.
Ahora, lo correcto es facilitarle a las partes que participen en el nuevo diálogo el detalle concreto de los ingresos que generarán las reformas y de esa forma, los involucrados podrán presentar alternativas reales para sustituir algunas de las medidas establecidas por la Ley 17.
Al menos se sabe que la reducción de un año en la edad de jubilación es el equivalente a elevar la cuota obrero-patronal en cuatro por ciento.
Suspender los tres años de incremento en las edades de retiro a los hombres y mujeres significaría un aumento en las cuotas del 12%. Es casi imposible que un trabajador panameño pueda soportar algo así, pero se pueden buscar otras opciones.
Ante el llamado del Ejecutivo, corresponde ahora a los huelguistas recoger el guante y abandonar las posiciones radicales.