La Corte Suprema de Justicia declaró legal el impedimento del magistrado Aníbal Salas, a fin de que conociera el amparo de garantías constitucionales presentado a favor de Eric Bravo Dutary.
Salas firmó como miembro de la Sala Cuarta de Negocios Generales, concepto favorable a solicitud del Ministerio Público para que lo suspendiera del cargo de subdirector de la PTJ. A Bravo se le siguió un proceso administrativo por supuesta manipulación del expediente de Vanessa Márquez.