Los esfuerzos del Estado por cumplir con todas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y la necesidad de contar con una ley específica de protección al testigo surgieron como los puntos concluyentes del III Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, que organizó la Comisión legislativa de Drogas.
Para el fiscal primero James Bernard, esas medidas se han concretado mediante el cumplimiento de tratados internacionales sobre narcotráfico, sustancias ilícitas y el blanqueo de capitales, así como la adopción del Convenio de Palermo relacionado con el crimen organizado internacional.
Ambos instrumentos, aseguró, se convierten en herramientas para la represión de esas graves conductas. Mencionó también las recientes reformas a los Códigos Penal y Procesal.