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El director Nacional de Reforma Agraria, Eric Jiménez, dijo que en base a un estudio realizado por la institución se les reconoce a las familias del Asentamiento Unión Campesina de Burunga el derecho y el usufructo de las tierras.
Recordó que a petición del Consejo Municipal de Arraiján la dirección de Reforma asumió el compromiso de verificar las mensuras de los terrenos adjudicados a Alexander Romero y a Eduardo Sánchez de la Cruz y las tierras que mantienen en un usufructo el Asentamiento Unión Campesina con el objeto de determinar la existencia de un excedente.
Sostuvo que en el informe elaborado por los funcionarios de agrimensura de la entidad y posteriormente entregado al Concejo se comprobó que dichos terrenos están debidamente segregados y cercados de acuerdo a los planos aprobados.
Indicó que en el levantamiento de agrimensura del asentamiento se determinó que la totalidad de las tierras es de 40 hectáreas más 6380.11 metros cuadrados, de las que los agricultores asentados poseen título de propiedad y restó un excedente de 5 hectáreas.
Explicó que de este excedente los asentados no poseen título de propiedad pero cuentan con un derecho posesorio que debe ser respetado por la Reforma Agraria porque los afectados pagaron dinero para adquirir las tierras, lo que significa que la ley no limita a los asentimientos campesinos a poseer sólo la parte adjudicada, sino que están en la disponibilidad de adquirir más tierras.
Por otro parte, señaló que el proceso de venta de los terrenos del asentamiento vendidos a Alexander Romero y Eduardo Sánchez para pagar la deuda que mantenía esa organización con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) de acuerdo a información suministrada por el departamento de mensura y demarcación de Reforma Agraria, se cumplió a cabalidad.
Añadió que si alguien se considera afectado por el pago de las tierras debe interponer las denuncias o la demanda ante las instancias correspondientes, ya sea en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, en la Contraloría o en la Procuraduría General de la nación.
Añadió que es su deber como director de Reforma Agraria es investigar a ciencia cierta si se dieron irregularidades o no en la venta, sin embargo, hasta el momento no se han detectado irregularidades en la venta.
Precisó que el asentamiento mantiene su estatus legal vigente y el hecho de que esta organización cuente o no con los asentados establecidos en la ley, no significa que las tierras puedan ser invadidas, no obstante, el decreto ejecutivo N° 66 es claro al establecer la cantidad mínima de siete miembros.
Agregó que de no contar con los siete asentados establecidos en las disposiciones existe un procedimiento legal para su liquidación en la Ley 23 por el que se reglamenta a las organizaciones campesinas y sólo le compete a la Confederación Nacional de Asentamiento Campesino ejecutar su disolución. |
