Se ultiman los detalles sobre el acuerdo entre los gobiernos de Chile y Panamá para establecer las compensaciones y reparaciones de los familiares de las víctimas del accidente aéreo que, el 29 de mayo de 2008, les costó la vida al ex general director de Carabineros José Alejandro Bernales; su esposa, Teresa Bianchini, y otras nueve personas.
De acuerdo al diario La Segunda, de Chile, existe una frustración de parte de los representantes chilenos que integran la instancia binacional ya que los planteamientos del Gobierno de Martín Torrijos son considerados insuficientes.
El informe de la investigación final del accidente ratificó que el helicóptero no estaba en las condiciones necesarias para volar de forma segura y que, asimismo, la tripulación no tenía las capacidades para operar el aparato aéreo.
REUNIONES EN BUENOS AIRES
Según el rotativo, tras varios encuentros en Panamá y Santiago, las conversaciones se trasladaron a Buenos Aires a instancia de las autoridades panameñas, las que solicitaron la más absoluta reserva a las partes. Nadie quiere entregar oficialmente detalles de las conversaciones.
Este pedido se encomendó especialmente a los familiares de las víctimas, al igual que sus respectivos abogados, pues temen abortar los escasos avances logrados sobre la materia.
El propósito es mantener el tema en un plano estrictamente diplomático, evitando afectar la imagen de su país y del gobierno, próximo a entregar el mando el 1 de julio al presidente electo Ricardo Martinelli.
Extraoficialmente, en Chile algunos de los involucrados en la materia reconocen molestia, aunque conservan esperanzas en que la anunciada "salida digna" pueda lograrse durante la próxima semana.
Pero lo concreto es que el próximo 29 de mayo se cumple un año del accidente y no existen novedades que hagan cambiar el escenario, pese a la voluntad del Gobierno panameño, que en octubre del año pasado aceptó formar una mesa de reparación, asumiendo la responsabilidad en las muertes.
En Panamá, observadores del conflicto sostienen que lo más probable es que la actual administración esté en la lógica de traspasar el problema al gobierno de Ricardo Martinelli, con lo cual quedaría demostrado que la formación de la comisión y los encuentros binacionales habrían sido inútiles.