El Defensor del Pueblo, Liborio García, instó al magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Eduardo Valdés Escoffery, a modificar o derogar los decretos que establecen el acceso público de los servicio de base de datos de identidad personal de los ciudadanos.
Desde el año 1998 varios decretos del TE con sus últimas modificaciones en el año 2001 fijan tarifas combinadas para la prestación del servicio de base de datos del TE, resoluciones que han sido objetada ante la oficina de la Defensoría del Pueblo, por considerar que violarían la intimidad y el derecho a confidencialidad de las personas.
García recomienda a Valdés Escoffery someter los decretos a un "análisis exhaustivo a fin de evitar la vulnerabilidad al derecho de intimidad de los ciudadanos".
La recomendación del Defensor del Pueblo surgió sobre la base de una queja elevada por el abogado Pedro Sittón.
