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CADE denuncia conspiración

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Eliécer Navarro
Crítica en Línea

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Altas personalidades del mundo financiero panameño, estuvieron presentes en el encuentro ayer. Fotos / Alejandro Méndez

La dificultad de obtener la categoría de grado de inversión, el impacto del déficit actuarial de la Caja de Seguro Social en las finanzas públicas, la falta de reformas que hagan más competitivo al país, y las listas negras se constituyen las principales amenazas para el Centro Financiero Panameño, información que se desprende de las conclusiones finales de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2002).

Se reconoce además la existencia de una "conspiración" por parte de sectores financieros internacionales para forzar a Panamá a firmar tratados de intercambio de información tributaria.

Estas conclusiones, consistentes en un análisis FODA detallado en el Informe de Relatoría de CADE 2002, establecen que para poder lograr con éxito la modernización y ampliación del centro financiero, debe enfrentarse los retos de fortalecer la imagen de confianza de los inversionistas, alcanzar el grado de inversión, salir de las listas negras, establecer el gobierno una política económica coherente que aumente la competitividad, mejorar el sistema de justicia e incrementar agresivamente la promoción internacional.

"Existe una relación directa entre la política económica y la fortaleza del centro financiero panameño", explica el informe.

Se concluye además que dentro de las realidades del nuevo entorno macroeconómico global, se necesita establecer una nueva arquitectura financiera internacional, que incluya la creación de un plan de prevención de crisis y una ley de bancarrota soberana.

En cuanto a las conclusiones sobre el sector servicios, se reconoció que existen presiones internacionales para la firma de acuerdos de intercambio de información tributaria, lo cual constituye una "conspiración contra Panamá".

En el tema de la política económica panameña, los expositores de CADE mencionaron continuamente la necesidad de redefinir el papel del Estado de gestor a facilitador, para promover la inversión privada; profundizar las medidas tendientes a establecer una economía de mercado y continuar con las reformas al IDAAN.

 

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