Corte Suprema de Justicia admitió un amparo de garantías constitucionales, interpuesto por el abogado Carlos Carrillo, apoderado legal del comerciante israelí Simón Yelinek, quien enfrenta cargos contra la seguridad colectiva del Estado.
Las investigaciones concluyeron que se había realizado una venta de 300 cajas de fusiles AK-47 y 3,943 cajas de cartucho 7.62 para fusiles, por parte de la Policía Nacional de Nicaragua a la empresa Representaciones Internacionales GIR S.A., cuyos representantes eran los señores Ori Zoller y Uzi Kissilevich, y que esa empresa había usado documentación falsa, supuestamente proveniente de la Policía Nacional de Panamá, para la transacción.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia accedió a los argumentos del letrado, quien sostiene que la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionadas con Drogas carece de competencia para conocer de la investigación realizada con la orden de compra falsificada usada para adquirir en la República de Nicaragua, un cargamento bélico cuyo supuesto destino era la Policía Nacional de Panamá, pero que en realidad parecía destinado a los grupos irregulares de Colombia.
De acuerdo al recurso del letrado, "la orden de compra fue entregada al ejército de Nicaragua por una empresa de origen guatemalteco, y que a partir de las constancias que reposan en la instrucción sumarial se colige claramente, que la República de Panamá no formó parte de la transacción realizada".
"Shimon Yelinek no tiene vinculación con la empresa que supuestamente presentó la orden de compra falsa a las autoridades de Nicaragua...", dijo el abogado.
