El Ministro de Comercio e Industrias (MICI), Alejandro Ferrer, negó supuestas amenzas de demanda contra el Estado por parte de la empresa Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del consorcio chino Hutchinson, pero dejó entrever la posibilidad que de no resolverse las confrontaciones entre las partes esto podría desembocar en un proceso ante una corte de arbitraje internacional.
Ferrer salió a responder el comunicado de la empresa Panama Ports, que advirtió públicamente que esperaba que se resuelvan las diferencias o desacuerdos con el Estado panameño para evitar dque la controversia sea dilucidada en una corte internacional de arbitraje; que es una opción contemplada en la Claúsula Tercera del Contrato suscrito.
La PPC que opera los puertos de Balboa y Cristóbal, aceptó este lunes una negociación con el Estado sobre la equiparación que le fue concedida por el gobierno pasado y que le exoneró de pagar 1,200 millones de balboas de impuestos.
"No hemos recibido ninguna amenaza de la empresa ni estamos dispuestos a recibirla, sentenció Ferrer, pero aclaró que existe una realidad que consiste en que si la controversia entre el Estado y PPC no puede definirse de una vez por toda la alternativa de confrontación puede desembocar en un proceso arbitral en que la empresa demanda a Panamá.
Según Ferrer lo que si se puede garantizar es que de cualquiera de las dos alternativas ya sea a través de un proceso negociable o un proceso de confrontación PPC encontrará un equipo de gobierno dispuesto, preperado, firme y razonable para defender los intereses del Estado.
El ministro del MICI dijo que en la comisión que representa el Estado la conforman Rolando Mirones del MEF por el MICI Marleni Paolo, Erika Mouynes, Marta Achurra y Manuel Panosa, mientras que por PPC el Ing. Rommel Troetch y los abogados de la firma Morgan & Morgan, Enrique Jiménez, Romulo Roux e Isabel López.
La empresa PPC siempre mantuvo su posición de no pagar ninguna contraprestación al Estado ya que sostenían que la resolución es legal.
PPC comparte con el Gobierno que una política portuaria equitativa y bien definida, en la que los concesionarios operen en igualdad de condiciones, permitirá una mayor estabilidad y el entorno adecuado para el desarrollo del sector.